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Con la aprobación de la L.O. 5/2000, de 13 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se hace efectiva la voluntad del legislador, manifestada en la Exposición de Motivos de la derogada L.O. 4/1992, de 5 de junio, de establecer una renovada legislación en materia de justicia de menores. Para ello, ha sido preciso enfrentarse a un importante reto como es el de combinar las modernas orientaciones en torno a la reforma de la justicia penal con las específicas necesidades de este ámbito jurídico, dotando de la necesaria flexibilidad al sistema para hacer efectivos sus principios rectores de valor superior del interés del menor y educativo, sin menoscabo de las garantías jurídicas fundamentales. De este modo, se establece por vez primera en nuestro ordenamiento una regulación completa del tratamiento sustantivo y procesal de los menores a los que se les imputa la comisión de un ilícito penal, así como de las consecuencias jurídicas aplicables, tanto en lo relativo a la
